El fallo se inscribe en el modelo de “Gobernanza Global” delineado por corporaciones financieras supranacionales cuyo objetivo es que el Estado se disuelva, que agote su aptitud de generar pensamiento crítico, producir subjetividad y dirigir políticas en términos democrático-participativos de soberanía estatal y justicia social.
El eterno retorno de la Inquisición. La Corte Suprema valiéndose de argumentos formales, a los efectos de eludir el debido análisis jurídico de la cuestión, procedió a rechazar el recurso de queja, promovido por la defensa técnica de Cristina Fernández de Kirchner, en la llamada “Causa Vialidad”. Causa esta que, en distintas etapas del proceso penal, fue impulsada por funcionarios y empleados corporativos vinculados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). De tal manera, el fallo (con reminiscencias de ucase) confirmó la ─arbitraria e infundada─ condena a la ex presidenta de la Nación Argentina: Cristina Fernández de Kirchner. Decisorio este que, entre otros efectos, priva al pueblo argentino de su derecho a elegir a CFK para que lo represente en el desempeño de cargos públicos. Grave decisión institucional esta, generada en el contexto de algunos antecedentes que, a la par del análisis de los recursos jurídicos y de política penal, merecen ser repasados. .
1. De Agencias de Gobernanza a Gerentes. Asistimos a tiempos en que la centralizaciónde capitales ha tomado cuerpo en el Modelo de “Gobernanza Global”. Modelo delineado por corporaciones financieras supranacionales que, bajo la tutela de sus Estados Gendarmes, despliegan su “Plan de Negocios Estratégico y Geopolítico”, con la colaboración de organismos internacionales y gerentes corporativos politizados. Así, en el derrotero de romper lazos sociales e intentar neutralizar a líderes populares, se persigue que el Estado se disuelva, que agote su aptitud de generar pensamiento crítico, producir subjetividad y dirigir políticas en términos democrático-participativos de soberanía estatal y justicia social.
Despliegue ese que expone las actividades de diversas entidades que ─a tono con el ideario neoliberal y las premisas de la Sociedad Mont Pèlerin─ redoblaron sus esfuerzos en pos de: controlar la esfera pública y enarbolar el banderín de la “transparencia”. Fachada esta pergeñada con la finalidad de ocultar los ilícitos empresariales más graves y perseguir a “la política”. Desde esta perspectiva, aquellas Agencias, en resguardo del referido “Plan de Negocios”, procedieron a desplegar estrategias de intervención al interior del Estado. En una puesta en práctica de lo que se ha denominado “captura de la democracia”; corrompiendo los mecanismos institucionales tanto en lo que respecta a la redacción de leyes como en lo atinente al rol que deben cumplir jueces/zas en el área del sur global. Entonces, en línea con esos objetivos, se generaron y tomaron estado público múltiples acciones. Acciones como, por ejemplo: las presiones (explícitas) ejercidas por el FMI para que se derogara el Capítulo sobre vaciamiento de sociedades de la Ley 20.840, y en consecuencia: habilitar el archivo de expedientes donde se investigaban crímenes económico-financieros. Mientras que la OCDE, por su parte y en una suerte de división del trabajo entre organismos, se aboco a evaluar leyes de la República Argentina (años 2016/2019) e intervenir en la sanción de la Ley de “Responsabilidad Penal Empresaria” o la –inoperante– Ley de “Defensa de la Competencia”. Ello a la par de celebrar Convenios con autoridades del Poder Judicial; seleccionar Programas de Justicia y organizar Cursos destinados a “capacitar” a funcionarios de la judicatura y fiscales de nuestro país.
2. Silencios en las catacumbas del Foro. El desinterés y la ausencia de impulso, por parte de algunos magistrados, al momento de tener que investigar Delitos Económicos Complejos, pone en evidencia el carácter selectivo del dispositivo jurisdiccional. Dispositivo organizado como custodio, final, de un Poder económico escondido entre los pliegues de la democracia formal. De esta manera, los Ilícitos más Lesivos para la economía del país y sus ciudadanos ─Deuda Externa ilegal, Fuga de capitales, Evasión impositiva, Contrabando o maniobras Anticompetitivas (de carácter oligopolico)─ prácticamente no son materia de análisis en los tribunales, en cuyo ámbito esas causas se diluyen, en silencio y terminan prescribiendo.
Cuadro de Situación ese que se refleja en un reciente informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Informe en el cual se hace constar: que ─entre los meses de enero de 2019 y marzo de 2024─ (en el marco de una acentuada fuga de divisas hacia guaridas fiscales), sólo se dictaron: catorce (14) Sentencias condenatorias por maniobras de Lavado de Dinero (LA), relacionadas con delitos: aduaneros, tributarios y de intermediación financiera no autorizada. Cuadro al cual podemos agregar, el caso de las distintas acciones impugnando el DNU 70/23, que continúan sin tratamiento en la Corte o, también: la parálisis de las querellas y denuncias promovidas en razón de la toma de Deuda Pública Externa, contraída de forma ilegal en el año 2018.
3.- La voluntad persecutoria. Bajo un ropaje (psicopático) que invoca el ideario neoliberal, se expresa, en nuestros días, una voluntad persecutoria encaminada a reprimir disidentes (sociales, culturales, políticos). Voluntad que rescata el concepto, elaborado por Carl Schmitt (Jurista Principal del III Reich), respecto a que: la distinción política específica se manifiesta en el conflicto amigo-enemigo. En dicho trayecto, se redirecciona la formulación teórica de “Normas de recta conducta” (elaborada por F. Hayeck), hacia “Normas de resultado”, según la cual: el juez privilegia la búsqueda de determinados efectos. Así, el juzgador deviene en planificador, que administra el resultado de los juicios (y de la sociedad), en función de intereses particulares y el plan trazado por él (o por la autoridad política, en la circunstancia de no ser independiente).
Desafíos. La actual coyuntura nos plantea a las/os abogados, comprometidos con la defensa del Estado Social y Democrático de Derechos, distintos desafíos. Desafíos como ser: bregar por la recuperación del pleno funcionamiento de las instituciones del Estado Argentino −acorde lo dispuesto por la Constitución Nacional y los Tratados incorporados a la misma−, y contribuir a conformar un Poder Judicial independiente y adecentado. El abordaje, conducente, de estos retos convoca a pisar “el Barro de la Historia” y transitar –mirándonos a los ojos– el camino de una práxis político-técnica que intervenga en el Debate Cultural y contribuya a generar las condiciones organizativas, y de acumulación de poder, indispensables para hacer efectivos los proyectos legislativos elaborados con el fin de resguardar aquellos derechos.
El autor es Doctor en Derecho (UBA). Profesor Consulto (UBA). Presidente de la Asociación de Abogadas/os de Buenos Aires (2011-2013)